Desde el pasado domingo 1 de febrero de 2026, la dinámica comercial en la zona fronteriza ha dado un giro drástico tras la oficialización de una tasa de servicio aduanero del 30 % impuesta por el Gobierno de Ecuador a las importaciones colombianas.
Esta medida de reciprocidad, aplicada formalmente por las aduanas en el Puente Internacional de Rumichaca, ha generado un impacto logístico inmediato, provocando largas filas de transporte pesado e incertidumbre sobre los costos operativos. Ante esta situación, gremios de transporte de ambos países anunciaron la «Marcha por la Dignidad Fronteriza», una movilización conjunta que tendrá lugar este martes 3 de febrero a partir de las 08:00. Los manifestantes sostienen que este gravamen encarece la logística y afecta gravemente el flujo comercial, señalando además la falta de una medida equivalente por parte de Colombia.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha emitido una advertencia clara: aunque se respeta el derecho a la protesta, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla sanciones para la paralización de servicios públicos, por lo que las autoridades actuarán ante cualquier incidente que altere el orden y la paz social durante la jornada.
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