Una profesional del área de la salud en Machala vivió días de tensión tras convertirse en víctima de extorsión a inicios de abril. Las amenazas, que llegaban a través de mensajes y llamadas, incluían advertencias de muerte si no accedía al pago de 20.000 dólares para proteger su vida y la de su familia.
El caso fue denunciado, lo que permitió la intervención de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (UNASE), que activó el operativo denominado “Libertad – 416”. Según el informe policial, las intimidaciones comenzaron el 2 de abril mediante la aplicación WhatsApp, donde los presuntos extorsionadores ejercían presión constante sobre la víctima.
Ese mismo día, la violencia escaló con un ataque contra un centro médico ubicado en las calles Boyacá, entre la avenida Las Palmeras y Sexta Oeste. Testigos señalaron que dos sujetos llegaron en motocicleta y lanzaron un artefacto contra el establecimiento, lo que generó una fuerte explosión. El hecho dejó daños materiales y, según las autoridades, en el sitio se halló un panfleto con amenazas relacionadas al caso.
A partir de las investigaciones, los agentes lograron identificar a los presuntos implicados. El jueves 9 de abril, alrededor de las 16:45, se ejecutaron operativos simultáneos en los cantones Chilla y Machala, así como una intervención en el Centro de Privación de Libertad Manabí N.º 4, conocido como El Rodeo.
Como resultado, fueron aprehendidos Elvis M., de 23 años, quien registra antecedentes por varios delitos; Hoover C., de 26; Jorge Q., de 25; y Jenny C., de 29 años, estos tres últimos sin antecedentes penales.
De acuerdo con las primeras indagaciones, los detenidos estarían vinculados al Grupo Delictivo Organizado “Choneros – Los Volados”, que operaría en cantones como Machala, Pasaje y Huaquillas, dedicándose a actividades de extorsión.
Durante los allanamientos, los uniformados decomisaron varios indicios, entre ellos cinco teléfonos móviles, dos tarjetas SIM, una motocicleta y un comprobante bancario, elementos que serán analizados dentro del proceso investigativo.
Tras su detención, los sospechosos fueron trasladados a un centro de salud para su valoración médica y posteriormente puestos a órdenes de las autoridades competentes, que definirán su situación jurídica.
