El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción por grave conmoción interna en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador, este jueves, 2 de abril de 2026, en la víspera del feriado de Semana Santa.
La medida rige para Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
El estado de excepción implica suspender los derechos a la inviolabidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia en estas provincias y cantones. Esta vez, no incluye toque de queda como el que se mantuvo vigente en cuatro de estas provincias hasta el 30 de marzo.
Según el Decreto Ejecutivo 353, esta disposición tendrá vigencia por 60 días.
Operativos y allanamientos
El Decreto autoriza a la fuerza pública realizar allanamientos e intervenciones de comunicación cuando existan indicios de presencia de grupos armados, delincuencia organizada, armas, explosivos u otros elementos que puedan constituir delitos o amenazar la seguridad.
El documento especifica que estas acciones deberán cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad y debido proceso, dejando constancia documentada de lo actuado.
Además, se dispone el empleo coordinado de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en estas provincias y cantones, con el objetivo de mantener el orden público, proteger a la población y prevenir actividades delictivas que afecten derechos y libertades ciudadanas.
Se autoriza la requisición temporal de bienes
El decreto establece que, de manera excepcional y como último recurso, la fuerza pública podrá requisar temporalmente bienes y servicios de origen lícito que sean estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de sus operaciones, proteger los derechos de la población y restablecer el orden público en las zonas afectadas por el estado de excepción.
Las requisiciones se realizarán solo en las provincias y cantones incluidos en la declaratoria, en casos de extrema necesidad, bajo responsabilidad de las autoridades competentes, y respetando la normativa vigente. Los bienes no fungibles deberán devolverse al finalizar la necesidad o se otorgará indemnización equivalente por su uso o servicio.
Informe de Inteligencia
El decreto alude a un informe reservado del Centro Nacional de Inteligencia. El documento señala que la violencia en el país no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en determinadas regiones, como es el caso de estas provincias y cantones.
El informe advierte que la situación configura un escenario nacional de violencia armada estructural y persistente, que supera las capacidades del Estado bajo un régimen ordinario, generando un cuadro de grave conmoción interna que justifica la adopción de medidas excepcionales.
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