La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas marcaron un récord de detenciones al aprehender durante 2025 a 2 812 menores de edad por su presunta participación en diversos ilícitos. Son 600 casos más de los que hubo en 2024.
De acuerdo a información del Ministerio del Interior, se ha registrado un desplazamiento en la tipología del delito, evidenciando que los adolescentes se han convertido en la fuerza de choque operativa del crimen organizado.
Aunque la categoría de delitos contra el derecho a la propiedad, que incluye robos y hurtos, representó el 32,2 % de los casos (906 capturados), hubo 558 detenidos por delitos contra la seguridad pública, que engloba la tenencia y tráfico de armas, como también 520 aprehendidos por producción o tráfico de drogas.
Esto indica que casi cuatro de cada diez menores detenidos no estaban implicados en delitos de oportunidad, sino en estructuras criminales organizadas.
Según datos de las Unidades de Adolescentes Infractores, la participación de menores en el delito de extorsión se ha multiplicado por 10. En 2020 apenas se registraban 13 procesos contra adolescentes por esta causa; para 2025, la cifra escaló a 132 casos.
En 2020, el delito de secuestro extorsivo era casi inexistente entre los adolescentes, con solo dos casos; sin embargo, para 2025 se disparó a 79 procesos. El delito de terrorismo pasó de tener cero incidencia en 2020 y 2021 a registrar un pico de 27 casos en 2024 y mantenerse presente en 2025.
En un contraste absoluto con las cifras de violencia armada, los delitos que históricamente lideraban las estadísticas han caído drásticamente. Los casos de abuso sexual se desplomaron un 71 %, bajando de casi 400 casos a 114, mientras que el delito de violación registró un descenso del 55 %. Incluso el robo, que sigue siendo el delito más frecuente en números absolutos, ha descendido un 42 % respecto a las cifras de 2020.
La escala de violencia también ha incidido en que el número de adolescentes haya incrementado. En 2025, que fue el año más violento de la historia, 583 menores de edad fueron victimados.
La respuesta gubernamental
La semana pasada, el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, que recibió insumos del comité creado para combatir el reclutamiento de menores en estructuras delictivas.
En esa propuesta se explica que las organizaciones criminales aprovechan la inimputabilidad o las penas reducidas de los menores para utilizarlos en delitos graves, sabiendo que el sistema judicial es más laxo con ellos.
De esta manera, buscan que se establezca una sanción de 22 a 26 años de cárcel para quienes recluten menores en el contexto de conflictos armados o para fines delictivos que resulten en infracciones penales.
Asimismo, se desea reformar la Ley de Educación Intercultural para que exista una obligación a los docentes a activar protocolos de alerta temprana sin criminalizar al estudiante, garantizando su permanencia en el sistema educativo.
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