La legisladora explicó que el caso se originó el 4 de enero de 2025. Pero permaneció inactivo durante varios meses hasta ser reactivado “casualmente” este martes.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, denunció este 23 de diciembre de 2025 ser víctima de una “persecución política”, tras la reactivación de un proceso penal en su contra que, según afirmó, habría sido impulsado por “disposición del Ejecutivo”.
La legisladora explicó que el caso se originó el 4 de enero de 2025. Pero permaneció inactivo durante varios meses hasta ser reactivado este martes por la Fiscalía. La denuncia contiene delitos como traición a la patria, conspiración y sedición, pese a que —aseguró— no existen pruebas que sustenten esas acusaciones.
La reactivación de este proceso surge en medio de procesos de investigación que impulsa Veloz
De acuerdo con Veloz, la acción judicial surgió únicamente por haber exigido el cumplimiento de la normativa electoral sobre las licencias sin remuneración. Esa norma obliga a los funcionarios públicos a solicitar licencias cuando buscan una candidatura en las elecciones de 2025. Añadió que la reactivación del proceso coincide con su actual labor de fiscalización en la Asamblea Nacional.
Esa denuncia contiene, además, otras acusaciones como usurpación, conspiración, sedición y retención ilegal del mando. La reapertura del proceso ocurre en un contexto específico, marcado por su intervención en casos que involucran al Ejecutivo y a funcionarios cercanos al régimen.
Entre ellos consta la fiscalización del contrato que la CNT suscribió con la empresa estadounidense HealthBird, contratada para implementar un sistema de agendamiento de citas médicas en el IESS.
La legisladora encabeza la investigación parlamentaria sobre ese contrato y exigió conocer el contenido íntegro de los acercamientos y compromisos entre el Estado y la empresa extranjera. Con ese objetivo, solicitó información oficial a CNT, al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), al IESS y al Servicio de Rentas Internas (SRI).
De forma paralela, Veloz anunció la presentación de una solicitud de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El pedido también incluirá a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Este anuncio se de luego de la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano. El magistrado denunció amenazas de un narcotraficante serbio. También señaló presiones de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura.
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