La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no descartó la posibilidad de que se incorpore el trabajo por horas en la nueva Constitución, que plantea el presidente Daniel Noboa.
Así lo dejó entrever en una reciente entrevista con Radio Fuego, en la que comentó: “El trabajo por horas no es ningún delito, la Constitución que fue aprobada y elaborada en el 2008 tiene conceptos errados”.
Y es que en la actual Carta Magna se menciona, por ejemplo, en el artículo 327 que la contratación por horas es una forma de “precarización”.
Para Núñez aquel concepto es incorrecto, pues “en el mundo entero se trabaja por horas”.
“Se puso una barrera, un muro a fin de que los jóvenes no puedan acceder a esta modalidad contractual, que ha sido aceptada por la organización internacional del trabajo”, sostuvo la funcionaria.
Por ello, mencionó que la creación de una nueva Constitución será una oportunidad para mejorar principios y garantías normativas. Además, podrían adaptarse modalidades de trabajo acorde a la realidad del país.
“Ecuador es el único país del mundo que paga décimo tercero y décimo cuarto sueldo”, manifestó Núñez, aunque esta afirmación no es del todo cierta, ya que en múltiples naciones del mundo se conceden remuneraciones extra de manera anual.
Países como Bolivia, Brasil, Perú, Costa Rica, El Salvador, México, entre otros, otorgan aguinaldos o gratificaciones adicionales con diferentes matices a los décimos de Ecuador.
TRABAJO POR HORAS RESURGE
En todo caso, el trabajo por horas ha sido una propuesta que se ha venido manteniendo a lo largo del Gobierno de Daniel Noboa, pero hasta ahora no se ha concretado.
En la consulta popular del 2024, el mandatario preguntó a los ecuatorianos sobre enmendar la Constitución y reformar el Código del Trabajo para establecer el contrato de trabajos a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador. Sin embargo, ganó el ‘No’ con el 69,50%.
Posteriormente, Noboa planteó incluir una pregunta similar en la nueva consulta popular que está por celebrarse el 16 de noviembre del 2025. Esta vez la propuesta iba enfocada al sector turístico, pero al final el Gobierno la descartó porque decidió apostar todo por una nueva Constitución.
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